Muchos de los mexicanos que fueron niños o adolescentes en los años ochenta del siglo XX, y que tuvieron acceso a la televisión y la radio, recordarán un anuncio televisivo en el que dos niños observaban cómo su joven padre lavaba el auto en el garaje de la casa con la manguera, y que, sin rociar el auto y tirada en el piso, la manguera dejaba correr el agua sin utilizarla, por lo que los niños se acercan a la llave del agua y la cierran diciendo “Ya ciérrale, Ya ciérrale”. Entonces, los libros de texto hablaban de los recursos renovables y los no renovables solamente, no aprendíamos más excepto que el agua era renovable pero se agotaba por igual y estábamos en riesgo. Tampoco existían instituciones visibles como la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) orientadas exclusivamente al diseño y aplicación de las políticas medioambientales, mismas que desde los 1990s se han constituido como esquemas globales que los Estados generan para forjar escenarios de gobernanza, como un modelo de participación colectiva sobre problemas comunes, en este caso medioambientales.

Fotografía de Ángles A. López Santillán.

Las políticas públicas explica Merino (2013:11) son “esas formas peculiares de intervención del Estado para tratar de afrontar los problemas públicos en un entorno determinado y en un horizonte específico de tiempo, de información disponible y de recursos escasos”. Las formas en que el Estado construye las condiciones para responder a las necesidades de los colectivos de la nación, son multidimensionales y complejas, por eso son un objeto de estudio de la antropología. A diferencia del politólogo que está orientado a observar la política pública bajo un lente de cálculo para la realización de su efectividad, el antropólogo parte de una aproximación más terrenal: cómo el Estado cobra cuerpo mediante la coordinación de instituciones en la aplicación de la política pública e incide en distintos ámbitos de las relaciones sociales de los grupos humanos, en las subjetividades, y en diversos campos sociológicos (desde dónde edificar un museo, hasta legislar en torno a la vida reproductiva asistida, como el caso de los vientres subrogados o la fertilización in vitro). Por ende, muchos antropólogos se han interesado en desentrañar los procesos en que los sujetos antropológicos, los ciudadanos como tú y como yo, reflexionan y actúan en su vida cotidiana como efecto de estas políticas, cómo interiorizan y se apropian de los designios del Estado, lo mismo que cuestionan y confrontan esos diseños institucionales que sin duda impactan en nuestra vida diaria.

Las políticas públicas, además de ser un objeto de estudio antropológico, fueron la condición en la que la antropología mexicana nace y se desarrolla; casi como la antropología inglesa con el Indirect Rule, la antropología mexicana emerge con el fin de buscar los mecanismos para integrar a los grupos indígenas de la nación con un lente modernista y modernizador, en donde además también fungiría como el espacio científico para resguardar el patrimonio cultural de la nación mestiza y pluricultural (Marín y Torres 2017). Así, la antropología en México, con la rama de la antropología aplicada, se mantuvo íntimamente relacionada con diversas políticas públicas en el país que aportaron al desarrollo de instituciones como fue el caso del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) hoy Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y después en otras como las de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); esto al menos hasta el auge de los tecnócratas en los 1980s. Igualmente, diversos antropólogos han acompañado en el diseño, documentado las condiciones de aplicación, han evaluado las condiciones de su instrumentación (aunque recientemente participan menos que economistas, politólogos y sociólogos), pero también han sostenido negociaciones y diálogos con actores de distintos sectores tanto en la aplicación, como en la práctica de documentar la incidencia de las intervenciones del Estado en la vida de distintos grupos humanos, la mayor parte del tiempo mediante una observación crítica que ha alimentado la enseñanza/aprendizaje de la disciplina.

Para poner el dedo en el renglón de las políticas públicas, quiero evocar el título del libro de un politólogo anglosajón que ha sido muy cercano a la antropología social y cultural, James Scott, y su aporte con un libro por demás interesante llamado “Seeing like a State. How certain schemes to improve the human condition have failed” (1998) (“Observando como el Estado: O sobre cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fallado”). Este título es un reflejo interesante de las múltiples interrogantes que los estudiosos de las políticas públicas nos hacemos ¿Qué es lo que ve el Estado? ¿Cómo nos ve el Estado a los ciudadanos? ¿Nos ve realmente iguales como dice la Carta Magna? Y sobre los grupos poblacionales: ¿Qué está contando? ¿Ciudadanos vivos como jóvenes y ancianos? ¿Está contando a los muertos? (Una pregunta central en América Latina, la región más violenta del mundo) ¿Qué está identificando entre la gente para involucrarla a la vida pública y a la productividad del país? ¿Grupos indígenas, empresarios, trabajadores, mujeres, jóvenes? ¿Qué le interesa y preocupa al Estado? ¿Los intereses de la gente común, los de los trabajadores, los de los empresarios, los de la clase política? O quizás ejerce el lente que el propio expresidente Salinas de Gortari definió para los grupos disidentes: “Ni los veo, ni los oigo”.

Y cuando se trata del territorio, ¿qué observa ahí en el lugar donde ejerce su soberanía? ¿Sólo observa recursos?¿Especies en riesgo? ¿Bosques? ¿Aguas interiores, mares? ¿Está viendo el medio ambiente? ¿Ecosistemas?  Y si lo está viendo ¿de qué forma lo ve?  Los que usan el paradigma foucaultiano del poder arguyen que el Estado lo ve todo y penetra en todas las mentes. Pero lo que sabemos hoy en día, es que siguiendo los ritmos globales de la identificación del riesgo medioambiental, el Estado mexicano se apoyó de los distintos grupos de científicos para poder ver todo el territorio, y en él esa mega-diversidad que hay que resguardar. Así nace la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) por ejemplo, acompañando al ya creado Instituto Nacional de Ecología (INE), hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), instituciones que generan la información científica y técnica para diseñar las políticas medioambientales. Y es aquí donde la segunda parte del título de Scott me resuena más: la política ambiental como un esquema para mejorar la condición humana que se comenzó a edificar en México desde la década de los ochenta del siglo pasado, ¿ha funcionado? ¿Ha protegido el ambiente? ¿Ha apoyado la diseminación de la información para que las diferentes poblaciones logren el esperado desarrollo sustentable bajo el equilibrio ecológico como lo sugiere la letra de la ley de protección al ambiente generada en 1988 (la conocida Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente [LGEEPA])?

El medioambiente ha sido una variable nodal para el pensamiento antropológico (el tema nos sumerge en tantas interrogantes como la transformación del mono en hombre; la derivada dicotomía entre naturaleza y cultura; las condiciones de la variabilidad cultural; del desarrollo de las grandes civilizaciones y los estados, etc.), pero cuando el medioambiente se tornó objeto de política pública, la antropología ha hecho aproximaciones fragmentarias. Esta cuestión ha sido revisada más por sociólogos, politólogos, economistas y ecólogos, salvo notables excepciones (cfr. Leticia Merino 2004). Esto se relaciona con el hecho de que hemos estado más ocupados en identificar las condiciones del cambio social generado por los nuevos marcos regulatorios, que en abordar el problema del diseño continuo de la política ambiental. Por ende el paradigma de la gobernanza lo hemos dado por sentado, como si sucediera, pero considero siguen las interrogantes pendientes: ¿Hay participación ciudadana? ¿Cómo es esta? O bien, la gobernanza es ejercida por el Estado sin un diseño democrático de participación visible de grupos, que relega las formas en que se habitan los distintos territorios, cómo pueden manejarse, considerando no sólo el conocimiento local sino también los intereses de los usuarios. En este sentido, en los últimos años hemos adquirido más información sobre las luchas socioambientales y socioterritoriales, que de los mecanismos de gobernanza y democracia implementados (o eludidos) por el Estado mexicano cuando ejerce los nuevos marcos regulatorios.

Por eso es importante hincar el diente a la cuestión de cómo se edifica la política pública. Si bien la idea de “qué está viendo el Estado” es más que sugerente, lo que más importa desentrañar son los fines que persigue.

Retomo la memoria del comercial de los niños de “Ya ciérrale, ya ciérrale” a la llave del agua. Toda una generación creció con la preocupación sobre la escacez del agua, y sin embargo, no tuvimos un diseño de educación ambiental integral. En cambio tenemos un manejo del agua cada vez más conflictivo para el futuro. Se sabe que el país está en condiciones críticas por la sobreexplotación de acuíferos. Con la emergencia del campo medioambiental se ha dado a conocer cómo las zonas áridas se convierten en zonas de riesgo; estados como Aguascalientes y Zacatecas, están en condiciones tan críticas como Baja California. Paradójicamente, México es el primer país en el mundo en el consumo de agua embotellada, y no sólo del agua embotellada de medio litro o dos litros, sino del garrafón de 20 litros. Todo este mercado está en manos de iniciativa privada, desde transnacionales, hasta inversionistas mexicanos, mientras que en EEUU y Canadá el agua del grifo es de consumo humano y es accesible a todo las personas.

Por eso la pregunta sobre qué intereses persigue el Estado en el diseño de las políticas públicas, o en la ausencia de las mismas, es medular cuando las políticas neoliberales favorecen más a intereses empresariales que a los diferentes grupos que tratan de resguardar su territorio y sus condiciones de vida, o luchar el acceso al agua como sucedió con el acueducto Independencia en el territorio Yaqui. Es así que la ausencia de la educación ambiental nos vulnera. Igualmente nos vulnera no conocer la edificación de las políticas públicas y la lógica que albergan. Mientras tanto los antropólogos seguimos hablando de cómo se materializan diversos escenarios de injusticia ambiental e injusticia social. Y sin embargo, nos falta un eslabón básico hoy en día, el de hacerle notar a la gente, como tú y como yo, cómo puedo hacerme partícipe de los procesos de gobernanza ambiental que indefectiblemente me afectarán en el futuro.

REFERENCIAS

Merino, Leticia, (2004) Conservación o Deterioro, Instituto Nacional de Ecología, México.

Merino, Mauricio (2013) Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solición de problemas públicos, CIDE, México.

Marín, G. y G. Torres (2017) Antropología e historia en México. Las fronteras construidas de un territorio compartido, CIESAS-COLMICH-UNAM-CEPHCIS, México.

Scott, James (1998) Seeing like a State. How certain schemes to improve the human condition have failed, Yale University, New Haven.